23/09/2010 (12:35)

BLOG DA LÍDIA GUEVARA

Foto da Lídia Guevara (à direita) no IX ELAT, realizado em Florianópolis, recentemente

Lídia Guevara, Secretária Geral da ALAL - Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, está de parabéns. Abre ao público sua página web para interação social, por uma sociedade democrática de direito e asseguradora da dignidade da pessoa humana, como código fonte e de prevalência sobre o interesse patrimonialístico.

Anotem o Endereço: http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com/

 

 

 

LOS 20 PRINCIPIOS DE LA CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA.
Los abogados laboralistas latinoamericanos, representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el 23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la Carta Sociolaboral latinoamericana, como Modelo de Relaciones Laborales, con los siguientes 20 principios, a saber:
1)        Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2)        Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa;
3)        Derecho a la verdad, y de información y consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4)        Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5)        Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda  a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo;
6)        Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7)        Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su Poder de Policía Laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8)        Derecho a la formación y capacitación profesional;
9)        Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Seguridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del ´90;
10)    Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11)    Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro;
12)    Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13)    Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional;
14)    Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen;
15)    Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario;
16)    Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o  benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17)    Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;
18)    Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección;
19)    Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su empleo o a sus condiciones laborales;
20)    Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales.

LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL DE MÉXICO

Extracto de ponencia de Amparo Merino y Laura Mora, profesoras de la Universidad Castilla la Mancha, integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical.
1.- ¿Qué es el Tribunal Internacional de Libertad Sindical?
            El 30 de septiembre de 2009 se constituía en Ciudad de México el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (en adelante, TILS) como una posible forma política de reapropiación democrática de la justicia en manos de quienes la necesitamos, muchos y muchas trabajadoras del Estado mexicano y del mundo entero. El TILS lo forman 23 hombres y mujeres de diferentes países del mundo[1] -también del propio México-, con el entendimiento o la premisa de una sensibilidad militante hacia la búsqueda de la justicia y la construcción de un mundo más justo e igualitario. Les convocó el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (en adelante, CILAS), organización de la sociedad civil mexicana, que lucha por “ayudar al desarrollo y renovación de las organizaciones de trabajadores, así como promover la correcta impartición de justicia laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto a la normatividad internacional en la materia”[2].
Con el esfuerzo  y el gran trabajo de CILAS, el Tribunal se reúne para dar visibilidad y sentido a algo que no lo tiene y su búsqueda consiste en eso, en  alcanzar un sentido, un espacio simbólico libre y asequible para quienes tienen necesidad de justicia en México o dónde sea. Porque igual que la explotación de la clase trabajadora parece extrapolable al mundo entero, también una idea de justicia universal –judicial y extrajudicial- puede serlo.
Integrado el TILS, abrió varios periodos de recepción de denuncias, se celebraron diversas sesiones de audiencia pública de las mismas de parte de  una veintena de organizaciones sindicales y grupos de trabajadores y trabajadoras y, para el primero de mayo de 2010, emitió una resolución condenatoria con base en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional del trabajo y el derecho laboral mexicano. El fallo condena las políticas del Estado mexicano por graves y reiteradas vulneraciones de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y otros atentados contra los derechos fundamentales del trabajo, el derecho a la vida, a la integridad física, privación arbitraria de la libertad, difamación, discriminación, acoso sexual, utilización de listas negras  y violencia en el trabajo. En México, en la actualidad, como el TILS ha podido constatar, hay un movimiento sindical libre y con larga trayectoria democrática –atacado constantemente por todos los estamentos del poder económico, que se asimilan a los poderes del Estado- que lucha por no ser sustituido en el centro de trabajo por un sindicalismo aparente y cautivo al servicio de los intereses del capital.
Este Tribunal no pretende sustituir ni desplazar a otros tribunales u organismos legales nacionales o internacionales, sino complementar y coadyuvar al cumplimiento de las leyes, a través de la denuncia y condena política de  acciones reiteradas por parte de las empresas y autoridades mexicanas, que vulneran las normas básicas de la libertad sindical.
Finalmente, el éxito del fallo emitido por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical contra el Estado mexicano -puesto a disposición de las Autoridades mexicanas, de la OIT, OEA, Naciones Unidas, UE y Estados con los que México ha firmado tratados que incorporan derechos humanos y laborales-, se hace depender no sólo de la reacción del propio Estado y del Gobierno de México[3] sino también de la condena de la Comunidad internacional y de la visibilización de la misma a través de la difusión de sus demandas a nivel local y mundial, en todos los espacios políticos, sociales e institucionales de influencia; y la exigencia de que cesen las violaciones de los derechos humanos contra los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes y organizaciones sindicales.
Ya existen propuestas que quieren dotar al recién constituido Tribunal Internacional de Libertad Sindical de un carácter permanente en el tiempo y de proyección internacional en relación con los casos sometidos a su consideración. La idea es trascender el espacio locativo del Estado de México y someter al juicio político del Tribunal situaciones graves de represión de la libertad sindical llevadas a cabo por los Estados o los particulares en cualquier país de América Latina donde sea requerido[4]. El objetivo es enjuiciar los casos y hechos denunciados conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los Convenios y Recomendaciones de la OIT, aplicando el derecho interno de cada país en cuanto resulte más favorable que el derecho internacional.


[1] México, Cuba, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Canadá, Francia y España. Parte de los integrantes son profesionales relacionados con el mundo del trabajo, junto con reconocidas personalidades mexicanas del mundo de la cultura y la política.
[2] Así expresa CILAS sus objetivos. Ver www.cilas.org
[3] En junio de 2010, una delegación del TILS se reunió con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, para darle a conocer la resolución en la que el Gobierno mexicano es condenado por la reiterada violación de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, y solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantenga al margen de las presiones ejercidas por empresas y gobierno y salvaguarde la legalidad como única vía no violenta para la efectividad de los derechos laborales. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió el 5 de julio de 2010 un fallo que supone la validación del decreto de 10 de octubre de 2009, de extinción de la Empresa “Luz y Fuerza del Centro”, lo que supone un duro golpe para el Sindicato Mexicano de electricistas (SME) y con carácter general para todo el sindicalismo independiente. Esta decisión fue adoptada desatendiendo las argumentaciones jurídicas relativas a la inconstitucionalidad del Decreto que fueron expuestas por el TILS ante el Ministro ponente del caso y el Ministro presidente. A resultas del fallo, el TILS expresó en un comunicado: “Preocupa profundamente a este Tribunal las implicaciones que el fallo de la suprema Corte tiene en el contexto del debilitamiento del estado de derecho en México y, sobre todo, por el peligro de que resoluciones como ésta abran la puerta a un mayor autoritarismo contra los movimientos sindicales auténticos y la criminalización de la protesta social”.
[4] La propuesta de constituir el Tribunal Internacional Permanente de Libertad Sindical (TIPLS) se integraría formalmente en los Estatutos de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), que incorporaría un nuevo Título VII Del Tribunal Internacional Permanente de Libertad Sindical.

HUELGA DE TRABAJADORES ESPAÑOLES EL 29 DE SEPTIEMBRE.

 UN MANIFIESTO DESDE AMERICA LATINA ANTE LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA
Las asociaciones firmantes y las personas que nos adherimos a este manifiesto nos caracterizamos por haber perseguido, en muchas ocasiones en condiciones muy difíciles, el establecimiento de un sistema democrático de relaciones laborales en nuestros respectivos países, en donde la ampliación de derechos sociales y la determinación de un trabajo decente para todos los ciudadanos era un objetivo irrenunciable. En ese objetivo seguimos luchando en el quehacer cotidiano colectivo e individual como profesionales del derecho y de las relaciones laborales.
En ese proyecto en el que nos identificamos, la existencia de modelos comparados de regulación del trabajo que se basan en una amplia base de derechos de los trabajadores y de protección social, ha sido siempre para nosotros una referencia de extraordinario relieve que nos permitía una relación dialéctica con la realidad social y legal de nuestros respectivos países e ir construyendo un proceso de convergencia cultural y crítica sobre el Estado social y los derechos de los trabajadores con las experiencias europeas sobre el llamado modelo social típico de ese espacio supranacional. En especial, la relación con el modelo español y los juristas del trabajo españoles que han trabajado desde perspectivas de progreso sobre su realidad normativa, nos ha sido especialmente apreciable y hemos llegado a establecer lazos permanentes de intercambio de ideas y de debate provechoso para ambas partes.
Por eso vemos con tremenda preocupación los últimos acontecimientos que se han producido en Europa a partir de la llamada “crisis griega” y, muy en particular, la deriva que las políticas económicas y sociales están adoptando en ese continente, que responden a orientaciones ideológicas claramente neoliberales. Dentro de este panorama, nos preocupan especialmente las reformas que está emprendiendo el gobierno español, que siguen al pie de la letra las consignas neoliberales. La reforma laboral que lleva a cabo el gobierno español no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público, ni busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abaratar, facilitar y subvencionar el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modificando de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción y sin que se arbitren medidas eficaces para impedir  el fraude en la contratación temporal ni se impongan límites eficaces a la misma. Además rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de la externalización del trabajo mediante empresas de trabajo temporal en varios  sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas de colocación. A eso se une el recorte del gasto público y una ya anunciada disminución de la protección social a través de una regulación claramente regresiva de las pensiones de vejez.
Son medidas que desgraciadamente conocemos demasiado bien en esta parte del mundo porque las hemos padecido durante la década de los 90 del pasado siglo como forma general de reducir los derechos y garantías de los ciudadanos de nuestros países, y contra las que hemos luchado y en algunos casos en especial continuamos luchando con fuerza. Sabemos muy bien lo que implica la dictadura de los llamados “mercados” sobre la voluntad de los pueblos, mancillando e inutilizando los mecanismos de control democrático del poder político y económico. Las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional solo han causado en nuestras naciones sufrimiento, desigualdad y desolación. Sólo la revitalización democrática y el fortalecimiento del poder político dominando a los poderes económicos y contrayendo la desigualdad económica, social y cultural que impone el dominio del poder privado en las relaciones sociales y laborales, ha permitido una recuperación importante de los pueblos en los que estos procesos democráticos se han ido construyendo. La vigorización de los derechos sociales, concebidos como derechos humanos que han de ser protegidos y garantizados de forma prioritaria a la oportunidad de ganancia y al beneficio, ha ido además de la mano de una recuperación económica y un crecimiento razonable y sostenido de nuestras economías.
Desde  nuestra experiencia, por consiguiente, deben ser abandonadas esas políticas de reforma que favorecen la desigualdad social y disminuyen los derechos de los trabajadores españoles. La convocatoria de una huelga general por los sindicatos españoles para el 29 de septiembre de este año está a nuestro juicio plenamente justificada, y destacamos de modo positivo que se inscriba en un llamamiento general de la Confederación Europea de Sindicatos a la movilización de los trabajadores de los distintos países europeos contra las políticas de la comisión europea que buscan una salida neoliberal a la crisis. Nos solidarizamos por tanto, individual y colectivamente, con esta protesta y manifestamos nuestra adhesión expresa a dicho acto de participación democrática y ciudadana que obligue al gobierno español a cambiar de política abandonando esta reforma laboral globalmente regresiva y socialmente injusta.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CARTA SOCIO LABORAL LATINOAMERICANA

LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS, CREADA EN CAMPOS DE JORDAO, BRASIL EN EL AÑO 2000, NO ES NI SERÁ NEUTRAL. ES UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL LATINOAMERICANA, INTEGRADA POR 14 PAISES Y EL EQUIPO FEDERAL DEL TRABAJO, ABIERTA A LA ADHESIÓN DE ORGANIZACIONES DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DE FORMA INDIVIDUAL, QUE POSEE UNA CARTA SOCIOLABORAL PARA CONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES DEL SIGLO XXI PARA LA AMERICA LATINA.

SU CARTA DEBE SER DIVULGADA A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO, A LOS PARLAMENTARIOS, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN FIN, A TODOS LOS QUE LUCHEN POR UN MUNDO MEJOR QUE ES POSIBLE Y URGENTEMENTE NECESARIO.

UNA VEZ MÁS LA CRISIS NO SERÁ CARGADA SOBRE LA ESPALDA DE LOS TRABAJADORES.

 

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