26/11/2010 (11:22)

Infortunística Chilena

Foto: Dra. Maria Estrella

Trabalhadores denunciam vícios que mascaram acidentes de trabalho, em acidentes comuns

 (*) Luiz Salvador

 


 

 

A prática da prevalência do interesse privado ao arrepio do interesse social, da necessária garantia à segurança social, tem permitido o rebaixamento dos custos ao financiamento do seguro, pelas empresas.

O sistema que permite o disfarce para acidente comum é conhecido como o das repudiadas "cifras negras".

A Dra. María Estrella Zúñiga, advogada no Chile, assessora jurídica sindical e Diretora da ALAL (www.alal.com.br) nos brinda com precioso artigo, onde analisa o sistema privado do seguro de acidentes do trabalho no Chile, demonstrando com precisão, os vícios existentes no sistema de benefícios, por seguro privado, em prejuízo dos direitos humanos que dão prevalência à vida saudável e a responsabilidade do empregador por assegurar a empregabilidade digna e de qualidade, em meio ambiente laboral livre de riscos de acidentes e ou de adoecimentos ocupacionais.

 Leia o artigo, versão no original, em espanhol.

EL FIN DE LUCRO EN LA SEGURIDAD LABORAL ACTUAL CHILENA

Por María Estrella Zúñiga

Directora de ALAL (Chile)

INTRODUCCION:

     La seguridad social es una parte importante de las Ciencias Sociales.

     Ya en 1819 Simón Bolívar señalaba: “El sistema de gobierno más perfecto es el que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

      Chile transito de un sistema de seguridad social compensatorio a uno emancipador incipiente, que se vio interrumpido por el Golpe Militar de 1973, y que en la actualidad prácticamente ha desaparecido, siendo absorbido por un sistema de relaciones comerciales: sistemas de salud privados financiados por las cotizaciones de salud de los trabajadores, sistemas de previsión privadas, financiadas individualmente por los  trabajadores a través de la capitalización individual, sistemas de seguros de desempleos privados, financiados por los ahorros de los trabajadores descontados de sus remuneraciones, sistemas de seguridad laboral difusos, estancados, imperfectamente implementados y desvirtuados en su esencia hacia fines de lucro privado, todo ello administrado por empresas que han obtenido utilidades exorbitantes, las que no se ven reflejadas en la retribución de los beneficios hacia los trabajadores.

       La seguridad social y por ende la seguridad laboral, no es excepción a la regla.

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD LABORAL EN CHILE

   Cuando en el año 1968 el parlamento chileno dicto la ley 16.744, que creaba el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Chile era otra cosa.

      Existía un Estado Republicano, con poderes públicos bien definidos, lo que se conoce actualmente como un Estado de Bienestar, o también llamado Keynesiano, en recuerdo de John Maynard Keynes, economista británico conocido por su influencia en las políticas gubernamentales del periodo  de la guerra fría, que reconocía en el Estado, a un órgano promotor económico, a través de políticas de grandes inversiones públicas, que tenían en vista generar las condiciones favorables al pleno empleo, puesto que el mismo Keynes había establecido en sus investigaciones anteriores que la economía capitalista produce a plena capacidad de los factores de producción sin pleno empleo, de modo que era necesario inducir el pleno empleo a través de un agente económico externo como lo es la intervención del Estado.

      Chile se caracterizaba además por contar con un régimen político de participación y movilización social, con una Constitución Política liberal  remozada en sus 41 años de influencia republicana, que no obstante requerir los ajustes necesarios para el reconocimiento de muchos y múltiples Derechos Humanos, en su esencia se jactaba de algunos más elementos democráticos que la actual.

      Huelga decir aquí, que dicho reconocimiento de los Derechos Humanos Laborales solo se vino a  materializar constitucionalmente a través del llamado “Estatuto de Garantías Constitucionales”, de 1970, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende que vino a reconocer dentro de estos los derechos al trabajo, de sindicación, de seguridad social y de huelga, los que al día de hoy no han sido restablecidos.

      La permanente y constante lucha de los trabajadores chilenos, organizados en gremios de los mas y diversos grados y categorías, habían forzado a los gobiernos de turno a legislar someramente los derechos básicos concebidos por el Derecho del Trabajo Internacional y la Seguridad Social y Laboral.

      La Ley 16.744 concibió la existencia de un seguro para todos los trabajadores chilenos dependientes del sector privado, a cargo de organismos administradores, sin fines de lucro y al servicio únicamente de otorgar prestaciones medicas y económicas a los trabajadores afectados por contingencias de enfermedades profesionales y/o accidentes del trabajo, y también para el otorgamiento de pensiones a los trabajadores afectados por tales contingencias, haciéndose extensivos hacia los familiares de los trabajadores fallecidos a consecuencia de accidentes del trabajo.

     Dicha ley concibió como principales administradores del seguro a las ex Cajas de Previsión, siendo la principal el ex Servicio de Seguro Social, servicios hoy día fusionados en el Instituto de Seguridad Previsional (Ex INP, Instituto de Normalización Previsional), que respecto de sus imponentes comparte su gestión con los actuales Servicios de Salud, en sus calidades de sucesores del ex Servicio Nacional de Salud. También, se contemplo la posibilidad de que el seguro social respectivo sea administrado por Mutualidades de Empleadores y, excepcionalmente por empresas o entidades empleadoras, a las cuales el ISP pueda conferirles las calidades de administradoras delegadas.

     El sistema mutual en la gestión del seguro social de la Ley N° 16.744 fue concebida en su origen con un giro exclusivo por el legislador, obligándolas a administrar en forma integral el seguro, y por ello son las únicas entidades de este régimen previsional que en los hechos están obligadas a proporcionar todas las prestaciones a los trabajadores afiliados ( prestaciones medicas, incluidas la rehabilitación, subsidios, indemnizaciones y pensiones), debiendo, además, desarrollar actividades permanentes de prevención de riesgos. Ello ha conducido a que las mutuales se especialicen en las distintas actividades que implica la administración del seguro, especialmente en el área médica, incluida la rehabilitación, y en materia de prevención de riesgos laborales, todo lo cual ha implicado el desarrollo de una  infraestructura de servicios médicos a lo largo del país.

     No obstante que el sistema de administración del seguro establecido para las mutualidades fue concebido como un mecanismo dotado de los elementos indispensables para su eficiencia, en la práctica ha demostrado una insuficiencia en la cobertura y capacitación real de los representantes de los trabajadores, y además durante la vigencia del seguro social no se han creado nuevas entidades mutuales, existiendo solo las mismas tres que existían a la época en que entro a regir la mencionada ley, a saber: Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo. Este número se ha estimado reducido para asegurar una efectiva competencia entre entes gestores y el adecuado nivel de eficiencia frente al constante aumento de la población protegida.

       Así a la época de entrada en vigencia del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la tasa de accidentabilidad en Chile ascendía a un 35.3 % de los trabajadores del sector privado, tasa que es meramente nominal porque no comprendía a los trabajadores del sector público ni a los fallecidos en accidentes del trabajo, menos aun consideraba la denominada “zona gris u oscura”.

      En la actualidad la tasa de accidentabilidad laboral  asciende oficialmente a la cifra de 9% de los trabajadores.

      Es dable hacer presente además que solo a contar del año 2005 las cifras de accidentes del trabajo con resultados de muerte se incorporaron dentro de las estadísticas oficiales, por instructivos emanados de la Superintendencia de Seguridad Social, y solo a partir de ese momento se impuso a los empleadores la obligación de declararlos, por lo que no contamos con tasas reales acerca del número de accidentes del trabajo con resultado de muerte acaecidos con anterioridad. Solo datos especulativos.

       También queda excluida la tasa de accidentes laborales conocida como la “Cifra oscura”, en que se disfraza el accidente del trabajo como accidente común para evitar que la cotización adicional del seguro se encarezca para la empresa.

       Al año 2009 se encuentran protegidos por el seguro un total de 4.609.732 trabajadores, incluidos los trabajadores del sector público, distribuidos un total de 2.365.375 en las tres Mutuales de Seguridad y un total de  1.047.524 en el Instituto de Salud Laboral (I.S.L.), dentro de un universo de población que supera los 17.500.000 habitantes y con una clase asalariada que supera los 6.000.000 de personas, lo que es claramente insuficiente.

    Por otro lado, la administración del seguro encargada a las entidades del sector público ( INP, Servicio de Salud) no ha logrado nunca los niveles de especialización y eficiencia en materia de prevención de riesgos y el otorgamiento de las prestaciones medicas, y tampoco se cuenta con información estadística relativa a los siniestros laborales, ni se cobran las tasas de cotización que corresponderían según el riesgo efectivo de la empresa, señalándose como causas fundamentales de tal circunstancia que las entidades públicas no tienen como función exclusiva administrar el seguro social comentado y que no han contado con recursos suficientes.

     La mencionada ley otorgaba a los organismos administradores del seguro la obligación de fiscalizar a las empresas contratantes en lo relativo a la seguridad en el trabajo, la capacitación de los  trabajadores, de sus representantes y de los Comités Paritarios en el manejo de dichas materias.

     Promulgada el 23 de enero de 1968, bajo el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, en una época en que Chile exhibía una dramática tasa de accidentabilidad laboral oficial, como se ha señalado, que superaba al 35,3 de la población activa, solo ha permitido cubrir una pequeña parte de los riesgos y siniestros laborales, por cuanto a través de la dictación de una infinidad de normas reglamentarias, decretos supremos y decretos con fuerza de ley, se ha permitido que las mutualidades de empleadores amplíen su giro, constituyéndose, en la actualidad,  en verdaderas clínicas de salud privadas, dejando en un segundo plano, el rol exclusivo y único para el cual fueron creadas; todo lo anterior acorde al modelo institucional neoliberal instaurado por la dictadura militar a partir de fines de la década del 70.

      No obstante, y por un espacio de tiempo, la implementación de dicha ley, aunque insuficiente, vino  a menguar el fatal destino de muchos asalariados.

       Solo con fecha 7 de noviembre de 1994 se extendió dicho beneficio a los funcionarios de la administración civil del Estado, incluyendo a los de las instituciones de la Educación superior del Estado, mediante la dictación de la Ley 19.345, y a través de diversas normativas se  ha otorgado cobertura para trabajadores independientes que imponen voluntariamente en los sistemas privados de previsión chilena, a los estudiantes y a los alumnos en practica profesional, entre otro segmentos de la clase trabajadora.

     Con la dictación de la Ley 16.744, los empleadores se vieron obligados a contratar un seguro a favor de sus dependientes por los riesgos y siniestros que pudieran sufrir en el desarrollo de sus funciones, costeado  con aportes del empleador, a través de una cotización básica general y una cotización adicional diferenciada por riesgos de accidentabilidad.

SITUACION DE LOS TRABAJADORES

     El contexto histórico en que se dicto dicha ley, obedecía también a las precarias condiciones en que laboraban muchos dependientes asalariados, informalmente, expuestos a permanentes y peligrosos riesgos. En el campo, en la construcción, en la industria pesquera, en la industria textil, en la pequeña, mediana y gran minería, en el comercio, en el transporte, en el área agrícola y forestal, entre otras.

CONTEXTO HISTORICO

        Chile, para aquellos años, también ostentaba gravitantes índices de industrialización, derivada de la creación de la Corporación de Fomento y Reconstrucción (CORFO), institución de carácter público nacida a consecuencia del terremoto de 1939, y a iniciativa del Presidente Radical don Pedro Aguirre Cerda (del Frente Popular), el 29 de abril de 1939, y con ello el Estado se convierte en motor del dinamismo industrial y de crecimiento.

         En efecto, en  1939 y como consecuencia de los estragos causados por el terremoto de Chillán, el gobierno del radical Pedro Aguirre Cerda crea la Corporación de Fomento, entidad encargada de potenciar el desarrollo industrial de nuestro país como base del desarrollo económico futuro. Los objetivos de la CORFO eran elaborar  políticas económicas y crediticias  y un plan general  de fomento de la producción. A partir de 1950 el abanico de industrias estatales se diversifica, naciendo la Enap, Cap, Enami, Endesa y Iansa. La creación de la CORFO fue el punto de partida de la creación de un Estado empresario.

      De esta manera, paulatinamente, a partir de la creación de dicho organismo se desarrolla un área social de la economía en Chile, que culmina abruptamente con el Golpe Militar de 1973. En efecto,  hacia 1970, el área de dominio social ascendía a un total de 60 industrias y hacia el día del Golpe de Estado, el dominio social contaba con un total  de 460 empresas e industrias y 19 bancos. Con la desmantelacion del Estado de Bienestar chileno, en dominio social hacia 1980 solo quedaban 24 empresas e industrias y un solo banco.

      Otro dato no menor es que en la década del sesenta comienza a materializarse el incipiente proceso de reforma agraria, que se concreto durante el gobierno popular, y también la llamada chilenización del cobre, que en los hechos significo que el Estado de Chile comenzaba a participar en la tenencia de los yacimientos cupríferos de la gran minería, cuyos recursos serán en el futuro la fuente de financiamiento del actual sistema neoliberal.

       La población chilena no superaba los 8.884.768 habitantes, distribuida un 75.1% en los centros urbanos ubicados en la Segunda, Quinta, Octava, y Región Metropolitana, y en 24.9 % en el sector rural.  Sin perjuicio de la incipiente industria de las Primera y la Décimo Segunda Región, o región austral.

        Por los mismos tiempos se creaba un órgano administrativo llamado Dirección del Trabajo, cuya misión fundamental era conocer las reclamaciones derivadas de los incumplimientos a la legislación laboral y de seguridad social. Dicho organismo fue creado mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967.

CONVENIOS INTERNACIONALES:

        En el Diario Oficial N° 36.575, del día 29 de enero de 2000, se publico el Decreto Supremo N° 1864, de 8 de noviembre de 1999, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se promulgaron los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo:

a)    Convenio N° 121, relativo a las prestaciones en casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de 8 de julio de 1964, y

b)    Convenio N° 161, sobre los servicios de salud en el trabajo de 26 de junio de 1985.

        En virtud de la publicación de tales Convenios Internacionales sus normas han pasado a formar parte de la legislación nacional, conforme a lo prescrito por los artículos 5 inciso 2, 32, N° 17 y 50, N°1 de la Constitución Política que entraron en rigor internacional el 30 de septiembre del año 2000.

        Debe precisarse que, en lo que se refiere al Convenio N° 121, este contiene normas referidas a las definiciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; cobertura medica y económica que deben otorgarse frente a tales siniestros; modalidades, cuantía, causales de suspensión, procedimiento de reclamación de las prestaciones; orientaciones acerca de la administración de los servicios encargados de otorgar las prestaciones, así como de la prevención de riegos, readaptación profesional, reeducación e información concerniente a la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo.

Se estipula que cada Estado miembro deberá asegurar a los extranjeros “igualdad de trato” con sus nacionales respecto de las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

A su vez, al referido Convenio N° 121 se anexan cuadros relativos a lista de enfermedades profesionales, pagos periódicos al beneficiario tipo y listas de divisiones y agrupaciones de actividades económicas.

    La revisión de la normativa señalada revela que la normativa nacional especialmente aquella contenida en el Código del Trabajo, la ley N° 16.744 y su reglamentación complementaria, se ajustan a las pautas orientadoras de orden general indicadas en el Convenio aludido, sin embargo, en los hechos son insuficientes.

     Con todo Chile no ha  ratificado el convenio 176 sobre seguridad en labores de minería, ante la Organización Internacional del Trabajo y los otros dos que existen en el marco de la OIT para regular la seguridad de los trabajadores.

    En efecto, Chile no ha suscrito los Convenios 185 y 187 de la OIT, que tienen que ver con estándar de calidad para la seguridad del trabajo y con la prevención en  seguridad y enfermedades laborales, los que contemplan la posibilidad de cierre de una faena que presenta riegos a la vida o integridad física de los trabajadores.

    Seguramente el accidente minero de agosto pasado no hubiese ocurrido, ni tampoco los múltiples accidentes que a diario sufren los trabajadores chilenos, con la ratificación e implementación de los Convenios mencionados, y la adecuación de la normativa interna a sus postulados, ya que la empresa Minera San Esteban Primera, propietaria de la Mina San José, de la Región de Atacama habría sido cerrada debido a que no contaba con estándares de calidad en materia de seguridad para su fuerza de trabajo, hecho que fue denunciado en múltiples oportunidades por las dos organizaciones sindicales existentes en la Mina San José: Sindicato Nº 2 de Trabajadores de la Mina, y Sindicato de Trabajadores de Planta de la Mina San José.

EL CAMINO DE LA EMANCIPACION

      Como puede apreciarse paulatinamente la población chilena fue dotándose de instrumentos cuya fuente fue la participación democrática, que tuvieron su origen en las demandas y movilizaciones de los propios trabajadores y sus líderes.

       No puede dejar de mencionarse que siendo ministro de salubridad publica Salvador Allende Gossens, se celebra en Santiago la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en septiembre de 1942, a consecuencia de la cual se formula la Declaración de Santiago en la que se proclama que cada país debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual moral y físico de sus generaciones eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de la seguridad social: una economía autentica y racional de los recursos y valores humanos ( agregando más adelante) que las decisiones de América en orden a la nueva estructura de la Seguridad Social, constituyen un aporte a la seguridad del mundo en la conquista del bienestar de los pueblos y al logro del mantenimiento de la paz.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA SEGURIDAD LABORAL

    Con justa razón puede sostenerse que los índices de sindicalización en Chile, con la posibilidad real y cierta de negociación colectiva por áreas de actividad, con derecho de afiliación obligatorio, con derecho a huelga, registre una maravillosa escala ascendente dentro del Gobierno democrático del Presidente Allende (1970-1973).

    Bombardeada la moneda por las fuerzas armadas chilenas, uno de los principales objetivos de exterminio fueron las organizaciones sindicales y sus líderes, con la disolución de la Central Única de Trabajadores, mediante bando Militar de 15 de septiembre de 1973. Durante los primeros años de la dictadura militar se cancelo la personalidad jurídica de más de 550 organizaciones sindicales de primer y segundo grado. Los trabajadores y sus dirigentes fueron duramente reprimidos, apresados, encarcelados, torturados,  detenidos, desaparecidos, exiliados, relegados y ejecutados.

      Los trabajadores chilenos debieron reorganizarse innumerables veces para hacer frente a las políticas neoliberales que se implementaban en Chile, siendo muchas veces su  principal objetivo de lucha, la manutención de las fuentes laborales y la resistencia frente a los despidos y la rebaja remuneracional, elemento consustancial al modelo que comenzaba a implementarse y que vino a cristalizarse  materialmente los últimos 20 años recién vividos.

        La seguridad social no estuvo ajena a este proceso de desmantelamiento, y siendo la seguridad laboral parte integrante de la misma, el poder empresarial presente en todas las mutualidades de empleadores contó con la complicidad de los poderes fácticos para eludir el fiel y oportuno cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron mandatadas, burlando los procesos de fiscalización, o bien solo aparentado fiscalizaciones, no declarando los accidentes laborales, o bien desconociéndolos de las mas variadas y novedosas recetas. 

    La seguridad social fue privatizada a través del Plan Laboral elaborado bajo la administración del  entonces ministro del trabajo José Piñera Echeñique, mediante la dictación de decretos leyes, materializándose un importante retroceso social, convirtiendo el sistema de reparto en uno de capitalización individual de cargo únicamente del trabajador, cuyos capitales serán administrados por sociedades anónimas con altos costos de administración y un excesivo lucro para sus accionistas mayoritarios.

    Durante los últimos 20 años no se ha contado con datos estadísticos acerca de las tasas de accidentabilidad laboral en Chile, especialmente en aquellos en que los trabajadores resultan fallecidos, siendo los rubros mas peligros la construcción, la pesca. La agricultura, la forestal y la minería.

     Durante los gobiernos de la Concertación, los organismos patronales, dueños de las mutualidades de empleadores, mantuvieron un escudo protector a partir de los propios Tribunales de la Republica. En escasas ocasiones las empresas han sido condenadas a pagar indemnizaciones a las familias de los trabajadores fallecidos. Menos aun se cuenta con una legislación penal adecuada que permita sancionar a los propietarios de las empresas con siniestros laborales por los eventuales delitos o cuasidelitos que han llevado a la tumba a miles de trabajadores chilenos, fallecidos en faenas.

   A lo anterior cabe agregar que los Tribunales Superiores de Justicia, a partir del año 2006, cambiaron el criterio jurisprudencial, en el sentido que después que por varios años habían sido los tribunales del trabajo quienes conocían y juzgaban los accidentes del trabajo con resultado de muerte, por considerar que estaba en el ámbito de las competencias propias por derivar el hecho del incumplimiento  al deber de protección y seguridad del empleador respecto de la vida e integridad física y psíquica de los trabajadores, estábamos en presencia de una responsabilidad contractual. A partir del momento indicado, la Corte Suprema sentó la jurisprudencia que los hechos que originaban la muerte de trabajadores en faenas eran de orden extracontractual, por lo que su conocimiento y fallo correspondía a los tribunales del orden civil, por considerar que el contrato de trabajo no se celebraba entre la viuda, hijos o padres del fallecido y la empresa. Esta situación genero un contexto de mayor indefensión frente a la denegación de justicia para las familias de los fallecidos en el orden de la judicatura laboral, por cuanto la de orden civil es notoriamente más onerosa que las victimas no se encuentran en condiciones de enfrentar.

     Todo lo anterior va unida a la mala practica de la no declaración de los accidentes laborales, a la escasa fiscalización, por deficiencia de funcionarios en los organismos encargados; al hecho incongruente que por facultades legales son las propias mutuales quienes evalúan la perdida de capacidad de ganancia de los trabajadores enfermos o accidentados ( constituyéndose en juez y parte), las mismas que deben soportar el cargo de las indemnizaciones y pensiones de invalidez de los afectados, unido al mero rol de superintendencia de los organismos estatales, en los cuales no existe incompatibilidad de que los médicos que laboran en las mutuales deban resolver las apelaciones en contra de las mismas en la Superintendencia de Seguridad Social; al alta medica prematura de los trabajadores afectados; al infinito numero de patologías no cubiertas por el seguro, entre otras. 

LA SITUACION DE LA MINERIA Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN CHILE:

Según información oficial entregada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, al 24 de noviembre de 2010 han fallecido en faenas mineras un total de 40 trabajadores, 10 en Tarapacá, 12 en Atacama, 10 en Coquimbo y 6 en el Centro del País.

La cifras hablan por si mismas.

CONCLUSIONES

     Desde sus orígenes la seguridad social fue uno de los principales objetivos de lucha del movimiento obrero, y móvil en sus luchas sociales, a efectos de lograr protección en caso de enfermedad, accidentes del trabajo, desempleo, vejez.

    Fue concebida originariamente a través del concepto de Solidaridad Social y con esta impronta se concibe, beneficiando por igual a los que tienen  más que a los que tienen menos ( sin un criterio contributivo).

    Si bien ese es el origen de la Seguridad Social, no puede desconocerse que la fuente de la misma radica en la injusticia social, ella la genera, y a lo largo del tiempo los diversos sistemas implementados  han derivado en soluciones compensatorias y no emancipadoras.

   En el caso de Chile, cuando se vislumbraba esa solución emancipadora irrumpe el Golpe de Estado que pone de manifiesto la  verdadera causa de la injusticia social que hace exigible el concepto de seguridad social en sus distintos modos de implementación, el capitalismo es límite para sí mismo, a la vez que por primera vez el capitalismo se enfrenta a una necesidad de reconfiguración interna, propia, en términos de no volver a quedar expuesto a las demandas de exigibilidad de seguridad social que pudieren hacer surgir el sentimiento de emancipación social de modo que las formas de explotación y de producción de plusvalía a nivel global se reconfiguran en el modelo del capitalismo contemporáneo neoliberal y aquí ya no tiene lugar el sentido compensatorio de la seguridad social ni menos el emancipador, pues ahora ella se articula a partir del principio de subsidiariedad que no es sino otra modalidad de la libertad de empresa y  hace de la sociedad en que se desenvuelve cada ser humano un vinculo de financiarizacion de todas las relaciones formales e informales, y en que cada ser humano no es sino una empresa para sí mismo, como ejemplo valga el modelo de previsión social vía principio de capitalización individual.

  Con esta mirada, no es de sorprendernos que las contingencias a que se ven expuestos los trabajadores se transformen en oportunidades empresariales de los grandes capitales trasnacionales: la salud como mercancía, la educación, el ocio, etc.

   Frente a ello, solo nos queda afirmar: LA JUSTICIA SOCIAL NO PUEDE ESPERAR.

 

(*) Luiz Salvador é advogado trabalhista e previdenciarista em Curitiba-Pr, Ex-Presidente da ABRAT (www.abrat.adv.br), Presidente da ALAL (www.alal.com.br), Representante Brasileiro no Depto. de Saúde do Trabalhador da JUTRA (www.jutra.org), assessor jurídico de entidades de trabalhadores, membro integrante, do corpo técnico do Diap, do corpo de jurados do TILS – Tribunal Internacional de Liberdade Sindical (México) e da Comissão de “juristas” responsável pela elaboração de propostas de aprimoramento e modernização da legislação trabalhista instituídas pelas Portarias-MJ 840, 1.787, 2.522/08 E 3105/09, E-mail: luizsalv@terra.com.br, site: www.defesadotrabalhador.com.br

 

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