12/06/2011 (07:51)

SEM FRONTEIRAS

A ALAL disponibiliza aos trabalhadores sua proposta de um novo modelo de relações laborais para o Século XXI

(*) Luis Enríque Ramírez

 

  

 LA HORA DE LOS PUEBLOS

 La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), en su Declaración de la Habana (octubre de 2008), alertaba sobre las consecuencias de una crisis endógena y estructural del sistema capitalista, que se viene desarrollando sin pausa desde la quiebra de Lehman Brothers.

Denunciábamos en esa oportunidad la actitud de los gobiernos de los países centrales, que corrían presurosos a salvar a los banqueros de la debacle que ellos mismos habían ayudado a causar, mientras se retornaba a la vieja receta neoliberal de descargar los efectos de las crisis sobre las espaldas de los trabajadores, convidados de piedra en las épocas de bonanza económica, pero socios imprescindibles en los momentos de zozobra.

Es demasiado ingenuo pensar que los responsables de la crisis podrán aportar soluciones para superarla. En realidad, lo justo sería que sean juzgados como criminales, por todo el dolor causado a sus pueblos. En lugar de ello han sido premiados con billones de dólares arrancados del patrimonio social, lo que prueba, una vez más, los valores perversos que nos rigen. Dos premios Nóbel de economía (Stiglitz y Akerloff) han dicho: “Tanto banqueros como políticos han gozado de plena inmunidad para sus crímenes y no se puede confiar en que serán ellos los que nos sacarán de esta situación. ¿Vamos a confiar en quienes nos metieron en este lío nos sacarán de él? Sólo nos pueden hundir más y ese es el problema. Los banqueros deben ir a la cárcel”.

También decíamos que estábamos frente a un enorme desafío y una gran oportunidad, porque la crisis, esta crisis, ponía en duda los postulados fundantes del orden social vigente, y demostraba palmariamente las falacias del discurso dominante. Pasábamos del discurso único, que pretendía colocar en la irracionalidad cualquier intento de cuestionamiento, a la imperiosa necesidad de la humanidad de replantearse los fundamentos éticos y morales de una sociedad estructuralmente injusta y desigual. Tan injusta y tan desigual, que no es aventurado decir que más que una crisis económica, lo que estamos viendo es una crisis de todo un orden social. Es una crisis moral, cultural, política y económica.

Tres años después podemos afirmar que la realidad ha superado nuestros peores presagios. Con impudicia los sectores sociales dominantes se han lanzado a un nuevo proceso de despojo a los trabajadores, de sus derechos y de sus conquistas sociales. Cuando parecía lógico esperar una profunda revisión de los pilares del sistema capitalista, nos encontramos con que se avanza por el mismo camino, con la misma lógica y con la misma irracionalidad, hacia la agudización de un modelo de explotación de los trabajadores.

Medidas de un ajuste draconiano afectan a los trabajadores de Grecia, España, Portugal e Irlanda; y la ofensiva se extiende hacia todo el planeta, siguiendo la lógica de la globalización. Las recetas y las medidas de “austeridad”, son las mismas que padecieron los trabajadores latinoamericanos durante los años 90, y que fracasaron estrepitosamente: desregulación, flexibilización, recortes salariales, el aumento del desempleo como factor de disciplinamiento social, cooptación de la dirigencia sindical, desactivación de la Seguridad Social, privatización del patrimonio social, reducción de la cobertura previsional y de salud, incremento de la “productividad” laboral sin medidas compensatorias, desprotección de los grupos sociales vulnerables, retroceso del Estado, y violencia. Mucha violencia.

El llamado Estado de Bienestar con el que el capitalismo intentó neutralizar la amenaza del comunismo, continúa siendo desmontado sin pausa por el neoliberalismo, envalentonado por el derrumbe de la experiencia soviética, y por la supuesta ausencia de un modelo alternativo.

Vivimos una coyuntura histórica paradojal y, por lo tanto, muy confusa. En el mundo hay 200 millones de desocupados, de los cuales 80 millones son jóvenes, lo que constituye un verdadero récord. Hay 1.500 millones de trabajadores vulnerables por su inestabilidad laboral, mientras 1.200 millones de seres humanos trabajan, pero sobreviven con menos de 2 dólares diarios. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que le permiten decir a Juan Somavía, su Director General, que “el modelo de crecimiento se ha vuelto económicamente ineficiente, socialmente inestable, políticamente insostenible y nocivo en términos medioambientales. Ha perdido legitimidad. La gente exige, y con razón, mayor justicia en todos los aspectos de su vida. Esto sin duda es una causa de las revueltas populares en el mundo árabe y de las protestas en varios países industrializados y otras regiones” (diario Clarín, Argentina, edición del 06/06/2011, p. 20).

Somavía agrega que “a medida que la recuperación económica avanza, en muchos lados es como si la crisis jamás hubiese existido. Al aplicar las mismas políticas de antes se ignora un hecho fundamental: fueron precisamente este tipo de políticas las que por poco funden la economía mundial”.

Nosotros adicionamos que hay más de 1.000 millones de personas que, según la FAO, padecen hambre y desnutrición. Que el 39% de la población mundial no tiene agua corriente ni baño en su hogar, y que el 13% no tiene acceso a fuentes de agua limpia. Que el 50% de los habitantes del planeta no disponen de una cobertura de salud mínimamente adecuada, y que el 20% se apropia del 75% de la riqueza, mientras en la base de la pirámide social el 40% sólo posee el 5% de esa riqueza.

La aparente paradoja de esta coyuntura histórica es que la propuesta de las elites gobernantes sea profundizar este modelo social, aplicando las mismas recetas que provocaron una devastación social en América Latina en los 80 y 90, como lo reconoce expresamente Somavía.

En realidad, el actual proceso histórico no es otra cosa que la cabal demostración del agotamiento del paradigma neoliberal. Es sólo el viejo orden social que se resiste al cambio, pese a su incapacidad para dar respuestas a las necesidades de la humanidad y a la evolución de su conciencia social. Sus viejos o nuevos ropajes no alcanzan a disimular su claro anacronismo.

Hay un nuevo paradigma que está en plena gestión. Hay algo aún sin forma ni nombre, que está impregnando el ambiente social, pasándole por encima a dirigencias y estructuras caducas y corruptas, y que rechaza el realismo cínico y maquiavélico que invita a la resignación y a no hacer nada, o a medidas gatopardistas que proponen que algo cambie para que todo siga igual.

No sólo no estamos ante “el fin de la historia”, sino que la humanidad avanza decididamente hacia un nuevo paradigma social, que pretende dar respuestas a incógnitas no resueltas por el neoliberalismo. Pero la etapa histórica que nos toca vivir es la de la colisión de ambos paradigmas, plagada por lo tanto de confusión y perplejidad y, fundamentalmente, muy violenta. Los intereses asociados al viejo orden social luchan desesperados para no perder sus prebendas y privilegios. Pero, como bien se ha dicho, la parte más oscura de la noche es la que precede al amanecer.

Por todo ello, quienes integramos la ALAL, lejos de entregarnos al desánimo o a la desilusión, apostamos a la consolidación del nuevo paradigma y, desde nuestro saber (abogados laboralistas) y desde nuestro lugar (Latinoamérica), estamos proponiendo al movimiento obrero  y a los gobiernos de la región, un nuevo modelo de relaciones laborales, diferente y opuesto al que pretende consolidar el neoliberalismo. Ello en el marco de un auténtico proceso de integración latinoamericana, que lleve a la construcción de la Patria Grande con la que soñaron los héroes de nuestra Independencia.

Un modelo de relaciones laborales de cara al siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos, apoyado en principios y valores diferentes y opuestos al modelo vigente en la mayoría de nuestros países. A una visión puramente economicista del mundo del trabajo, le oponemos un sistema en el que el ser humano ocupa el centro del escenario. El trabajo deja de ser sólo factor de producción y objeto del mercado laboral, para convertirse en la actividad productiva y creadora del individuo, en la que la persona que la realiza se compromete íntegramente: física, mental y espiritualmente. Por tal motivo, en el contrato de trabajo la actividad humana prometida es inseparable de la persona que la realiza. Bien se ha dicho que lo que se hace y el que lo hace, son indivisibles.

Pensar así, nos lleva como de la mano a sostener que en el trabajo en relación de dependencia está en juego la dignidad que es inherente a la persona que lo realiza. Y de ahí a redimensionar los conceptos de empresa y de trabajador, hay un solo paso.

En el nuevo paradigma de relaciones laborales que propone la ALAL, la empresa deja de ser esa estructura autocrática que se identifica con el titular de los medios de producción, y en la que uno manda y los demás obedecen, para ser vista como un espacio de relaciones laborales democráticas y participativas. El trabajador ya no es un simple engranaje, fácilmente reemplazable, de una maquinaria manejada desde arriba por manos cuyo dueño desconoce. Deja de ser un sujeto dócil y sumiso, sin voluntad propia, para convertirse en un individuo activo y participativo, que se involucra en todas las decisiones que hacen a la vida de la empresa.

Si el trabajador se involucra y compromete íntegramente en el contrato laboral, entonces resulta inadmisible un modelo de relaciones laborales que pretende que deje sus derechos como individuo y como ciudadano, en la puerta de la fábrica. Por el contrario, el hecho de insertarse en una relación de poder, que lo hace más vulnerable, obliga a reafirmar la plena vigencia de los derechos humanos que le son inherentes. Ciudadano en la sociedad y ciudadano en la empresa.

En este nuevo paradigma laboral, al individuo con una inserción precaria en la empresa se le contrapone la idea de una efectiva estabilidad laboral, concebida como la madre de todos los derechos. El derecho de todo individuo a tener un proyecto de vida, o sea a pensar el futuro desde un piso firme, es inconcebible en un marco laboral inestable.

En nuestro modelo, la remuneración del trabajador ya no es el precio del trabajo humano, fijado por el mercado y sin garantías de su efectiva percepción. El salario es, fundamentalmente, el medio de subsistencia de la persona que trabaja en relación de dependencia, y de su familia. Y si está vinculado con la subsistencia, entonces está directamente relacionado con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Un derecho de tal jerarquía debe estar rodeado de todas las garantías posibles, entre ellas la solidaridad de todos los que en la cadena productiva se benefician o aprovechan con el trabajo ajeno, y la existencia de fondos que cubran eventuales insolvencias.

En este mismo orden de ideas, la protección de la vida y la salud del trabajador debe ser un tema central en el nuevo paradigma. Siendo su único patrimonio y fuente de los ingresos económicos que permite su subsistencia, este derecho humano no puede medirse en función de pautas económicas o costos laborales.

Para garantizar la plena efectividad de todos los derechos individuales, la vigencia irrestricta de la libertad y de la democracia sindical es condición indispensable. Para ello es fundamental y prioritario poner punto final a los despidos, persecución, represión y asesinatos de los dirigentes sociales y sindicales, que no se entienden sino en un marco de fuerte complicidad del Estado, a lo que se suma la actividad, como mínimo complaciente, de los organismos internacionales, que prefieren mirar para otro lado.

No practican la libertad y la democracia sindical, aquellos gobiernos latinoamericanos que reprimen a los auténticos representantes de los trabajadores, que desactivan sus sindicatos, que desconocen el derecho de huelga con reglamentaciones inadmisiblemente restrictivas, y que cuentan con la complicidad de sindicatos blancos o amarillos y de burócratas sindicales corruptos.

Como se advierte, ante esta nueva ofensiva que el neoliberalismo ha lanzado contra los derechos de los trabajadores, la ALAL propone doblar la apuesta y, en lugar de volver a las trincheras defensivas, dejar de decir sólo lo que no queremos y pasar a diseñar un modelo de sociedad diferente, comenzando por reformular las relaciones laborales a partir de valores y principios diferentes, en un proceso de auténtica integración latinoamericana. Pero una crisis global del sistema capitalista y una nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores, a escala planetaria, obliga a pensar en respuestas a ese mismo nivel. Por ello el movimiento sindical mundial debe retornar al internacionalismo que predicaba en sus orígenes, pero de manera efectiva. Se tienen que abandonar las prácticas sindicales meramente declarativas y los devaneos revolucionarios de papel, para pasar a liderar las luchas sociales por la construcción de una sociedad más justa.

 La ALAL,  pone a disposición de los  trabajadores la propuesta de un nuevo sistema de relaciones laborales, para que sea analizada y debatida por ellos, pues  solamente con su unidad, conciencia y fuerza se podrá hacer realidad,  como se ha demostrado históricamente. Están frente a una gran oportunidad, porque los recientes acontecimientos en Estados Unidos (Wisconsin), el mundo árabe y en Europa, permiten pensar que  está muy cerca

  LA HORA DE LOS PUEBLOS 

 Latinoamérica, junio de 2011.

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POR QUE UMA CARTA SOCIOLABORAL PARA OS TRABALHADORES LATINOAMERICANOS?

A Associação Latinoamericana de Advogados Laboralistas (ALAL) foi fundada a 1º de maio do ano 2000 em Campos do Jordão, Brasil. Participaram do ato de fundação várias dezenas de advogados trabalhistas e as principais associações da região.

Desde seu nascimento, e particularmente a partir da reforma estatutária de 2008 (México), a ALAL tem rejeitado a tentação de se tornar uma entidade meramente acadêmica, cuja função geralmente se esgota no debate doutrinário. A Associação entende que no Direito de Trabalho a neutralidade é impossível, e que os autodenominados operadores científicos do direito, na verdade, sempre falam de algum lugar próximo aos concretos interesses em jogo.

Por tal motivo, a ALAL se define como uma ferramenta de luta, como um instrumento para a construção de uma nova ordem social, na qual a dignidade do ser humano em geral, e a da pessoa que trabalha em particular, ocupe o centro da cena. Para a ALAL, a defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora constitui sua razão de ser. O advogado trabalhista é, para ela, aquele que está comprometido com essa luta e com essa defesa. Deste ponto de vista, um especialista em Direito de Trabalho não é, necessariamente, um advogado trabalhista. Para pertencer à ALAL, ele deve assumir com convicção esse compromisso, que é ético, filosófico e político.

Conforme o seu nome indica, seu âmbito territorial de atuação é a América Latina, porém a Associação não ignora que a situação e os interesses da classe trabalhadora são praticamente idênticos em todo o mundo. Esta limitação em seu âmbito de atuação obedece a múltiplas razões, algumas de ordem prática, mas outras que respondem a problemas muito mais profundos. Com efeito, a América Latina como uma unidade é, ainda, uma promessa. É o projeto inacabado de nossos heróis da Independência. É uma dívida de todas as gerações posteriores que, longe de se extinguir ou se desatualizar, é cada dia mais necessária. Existe um mandato histórico descumprido, como consequência de um desígnio muito claro dos poderes mundiais, mas também da traição de um setor muito importante de nossas classes dirigentes.

A globalização que impõe o sistema capitalista, desenhada a partir dos interesses das grandes corporações transnacionais, demanda aos povos que pretendem resisti-la uma resposta também global. Por isso a ALAL sustenta enfaticamente que a América Latina não tem futuro sem uma autêntica integração regional.

Não existe região do planeta que esteja em melhores condições para avançar em um processo de integração que a América Latina. No entanto, estamos a anos luz da experiência que, por exemplo, está sendo levada a cabo na Europa. E não estamos nos referindo a uma integração econômica, que se limita a estabelecer normas tarifárias e alfandegárias. Estamos falando de uma autêntica integração social, política e econômica, que tome conta de tudo o que identifica e une a América Latina, respeitando as diferenças nacionais.

Temos uma história em comum desde a época da colonização pelos países ibéricos. A maioria da população atual fala línguas idênticas ou semelhantes e abraça uma mesma filosofia religiosa. Portanto, não existem esses ódios ou enfrentamentos étnicos ou religiosos que dilaceram outras regiões do planeta. As correntes migratórias também tem sido praticamente as mesmas, o que tem reforçado mais ainda nossa idiossincrasia comum.

É preciso acrescentar a tudo isso o fato de que os processos políticos por que passaram nossos países desde a Independência foram sugestivamente idênticos, especialmente durante o século XX. Não foi por acaso que, em determinado momento, na América Latina toda houvesse ditaduras militares. Nem foi por acaso que quando as classes dirigentes locais garantiram submissão aos poderes mundiais, a democracia retornou a estas terras de forma quase simultânea. É claro que, em geral, elas eram democracias formais com governos muito permeáveis aos ditados do poder econômico e financeiro mundial. Também não é obra da casualidade que quando o chamado neoliberalismo entra na moda, em cada um dos países latinoamericanos se desata com fúria e ao mesmo tempo uma ofensiva contra os direitos e conquistas dos trabalhadores, com idênticos dogmas e receitas.

É evidente que do ponto de vista desses poderes, a América Latina é percebida como uma unidade. O paradoxal é que nós não a vemos desse modo ou, talvez, que não sejamos capazes de agir em conseqüência.

Por outro lado, há na região uma conjuntura histórica inédita, que cria as condições ideais para avançar em um autêntico processo de integração. Com suas diferentes realidades, o Uruguai, a Bolívia, a Argentina, o Paraguai, o Equador, a Venezuela, a Nicarágua e Cuba passam por processos políticos que nos permitem ser otimistas. Há, em geral e com suas nuanças, coincidências em seus governos de que não há futuro para seus povos se eles não se unem na luta por construir uma ordem social justa e solidária, e se não enfrentam em conjunto os poderosos interesses internacionais que buscam mantê-los isolados e fracos.

Colocada assim, dramaticamente, a necessidade de avançar decididamente na integração latinoamericana, a ALAL vêm lutando, desde sua incumbência no mundo do trabalho, para estabelecer em todos nossos países um novo modelo de relações de trabalho, frente ao século XXI (Carta de Cochabamba, Bolívia, 07/12/2007).

Na Assembleia Geral Ordinária celebrada na cidade do México a 23 de outubro de 2009, a ALAL avançou mais ainda e propôs que esse modelo de relações de trabalho fosse vertido em uma espécie de Carta Sociolaboral Latinoamericana.

¿Por que uma Carta Sociolaboral?

Uma Carta Sociolaboral, emanada de um tratado internacional multilateral, deve atuar como uma legislação laboral supranacional que conterá normas plenamente operacionais e imediatamente aplicáveis, ou seja sem necessidade de ratificação ou regulamentação por parte dos países assinantes. Ela fixará um comum denominador no nível de tutela dos trabalhadores latinoamericanos, que evitará o dumping social e o deslocamento dos capitais para países da região que oferecem uma mão de obra barata, tal como hoje acontece com o Peru e a Colômbia, por dar apenas alguns exemplos.

Esse plexo normativo, absolutamente operacional e exigível, atuará também como um dique de contenção frente à nova ofensiva que o neoliberalismo lançou contra os direitos dos trabalhadores, tal como se pode comprovar com as tristes e recentes experiências da Grécia, de Portugal, da Espanha e outros países europeus, que nos retrotraem ao pior da década de ´90. Bilhões de dólares para socorrer bancos e empresas e, paralelamente, desregulamentação, flexibilização laboral, rebaixamentos salariais, eliminação de direitos da Previdência Social, etc. Em definitiva, um novo espólio à classe trabalhadora, que paga um alto preço para superar, supostamente, uma crise que não provocou. Mais uma vez, a velha receita neoliberal que considera os trabalhadores estranhos nas épocas de bonança econômica, mas que os associa às perdas durante as crises.

Com a Carta Sociolaboral Latinoamericana, a ALAL pretende que os trabalhadores abandonem os comportamentos defensivos aos quais nos tem acostumado a ofensiva neoliberal desenvolvida nas últimas décadas do século XX, e deixem de propor o que não querem (flexibilização laboral), para avançar decididamente no desenho do sistema de relações de trabalho a que aspiram, ao menos até que a correlação de forças lhes permita pensar na substituição da atual ordem econômica e social.

O conteúdo da Carta Sociolaboral

A proposta da ALAL não se limita a uma simples cristalização de direitos e conquistas laborais, amontoados em um único plexo normativo. O que se projeta é muito mais ambicioso: é um modelo de relações de trabalho em que cada direito ou garantia guarda absoluta coerência com uma forma de olhar para o mundo do trabalho. As normas propostas não são avulsas ou isoladas, mas se relacionam entre si formando uma sólida estrutura legal. Todas elas reconhecem como denominador comum a intenção de proteger a pessoa que trabalha, sobre a base do reconhecimento de que o ser humano deve ser eixo e centro de todo ordenamento social.

O primeiro direito que postula a Carta Sociolaboral Latinoamericana, no âmbito de um processo de integração regional, é o de livre circulação dos trabalhadores pelo espaço comunitário, com idênticos direitos de trabalho e previdenciários. Ficaria assim fortalecido o direito a migrar que, conforme as palavras de Oscar Ermida Uriarte, é um direito humano que deriva do direito ao trabalho, reconhecido por diferentes pactos e declarações do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Também podemos dizer que, além disso, ele se funda no princípio de não discriminação e em outros direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à educação .

O modelo de relações de trabalho proposto pela ALAL tem como ponto de partida uma espécie de “Pacto Social”. Ele é o que em seu momento pretendeu dar viabilidade e sustento ao sistema capitalista. É indubitável que para que o movimento sindical abandonasse sua histórica intenção de substitui-lo por outro, foi preciso oferecer aos trabalhadores dois direitos fundamentais: o direito ao trabalho e o direito a uma remuneração justa.

Com efeito, um ordenamento social e econômico que pretende convalidar a existência de duas classes de indivíduos, os que têm capital e são titulares dos bens de produção, e aqueles que só dispõem de sua capacidade de trabalho, a qual devem alienar em favor dos primeiros para poder subsistir, só pode pretender um mínimo de legitimidade se garantir a estes últimos trabalho e remuneração. Porque no sistema capitalista aqueles que não têm suficiente patrimônio só têm três caminhos para atender suas necessidades básicas e as de sua família: o trabalho assalariado, a delinquência ou a caridade.

Depreende-se disso que o direito ao emprego é, neste sistema, um direito vinculado com a subsistência e, por isso mesmo, um direito humano fundamental e um alicerce da ordem social vigente. E é mais do que evidente para a ALAL que um direito dessa importância necessariamente deve ser acompanhado de todas as garantias necessárias para sua plena efetividade.

O direito ao emprego compreende, por uma elemental lógica, o direito a conservá-lo. Por isso, a ALAL propõe estabelecer sistemas de estabilidade laboral real e efetiva, sendo a seu critério incompatíveis aqueles cuja resposta é uma mera compensação econômica pela perda do emprego. O ser humano precisa de uma situação laboral e econômica estável, de modo tal que possa ter um projeto de vida, isto é, que possa olhar para o futuro com a esperança de que atuais necessidades poderão amanhã ser satisfeitas.

Porém, é claro que o trabalho assalariado não é uma meta nem um fim em si mesmo. Ele é apenas o caminho que têm um setor majoritário da população para atingir uma vida digna. É uma verdade incontestável que as pessoas não procuram emprego, procuram remuneração. Bem simples.

Por esse motivo, a Carta Sociolaboral Latinoamericana pretende garantir aos trabalhadores sua percepção, fazendo responsáveis de seu pagamento a todos os que na cadeia produtiva se aproveitam ou beneficiam do trabalho alheio. E quando esta cadeia de obrigações solidárias falha, devem existir fundos administrados pelo Estado para garantir ao credor laboral que ele manterá sua renda econômica, necessária —como dissemos— para sua subsistência.

Contudo, não é suficiente garantir emprego ao trabalhador e, consequentemente, remuneração. O respeito da dignidade humana exige que esse emprego seja, em termos da OIT, decente. Isto implica que a dependência laboral não pode significar a perda ou o menoscabo dos direitos que o trabalhador tem como cidadão. Por isso deve ser eliminada toda forma de discriminação, abuso ou assédio laboral, que a relação de trabalho, como toda relação de poder, facilita.

No sistema de relações de trabalho que postula a ALAL, a empresa se afasta do velho modelo autocrático em que o proprietário do capital é dono e senhor, em que um manda e os demais obedecem, e em que o trabalhador é um executor silencioso de ordens superiores ou uma simples engrenagem, facilmente intercambiável de um mecanismo movido de cima, por mãos cujo dono muitas vezes ele não conhece. Este modelo está claramente desajustado em relação à evolução da consciência social da humanidade, que tem consolidado o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, no qual os direitos laborais têm um lugar de destaque. E, à luz desse Direito Internacional, que deve ser cumprido e acatado pelo Estados além do que seu direito interno puder estabelecer, essa figura do trabalhador submisso e desprovido de vontade própria é inaceitável.

A dignidade da pessoa humana, que é fundamento e causa dos Direitos Humanos, e eixo de todo sistema de direitos, liberdades e garantias, aparece em toda sua magnitude quando essa pessoa é um trabalhador assalariado, já que o serviço que ele oferece no contrato de trabalho é, precisamente, atividade humana e, portanto inseparável e indivisível de sua própria pessoa e de sua dignidade. E o trabalhador, como já se disse, não deixa na porta da fábrica sua dignidade, nem os direitos que lhe são inerentes. Porque os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis. Não há direitos civis e políticos por um lado, e econômicos, sociais e culturais, pelo outro lado, já que o ser humano é indivisível. Portanto, os poderes que se reconhecem ao empregador no contrato de trabalho, encontram claramente seus limites nos direitos fundamentais do trabalhador.

De tudo o precedente se depreende que as relações de trabalho devem ser, necessariamente, democráticas e participativas. A titularidade dos bens patrimoniais que conformam a empresa, não dá ao empregador o direito a dispor dela à sua vontade. Como bem expressa a legislação argentina, as faculdades de organização e direção que se reconhecem ao empregador devem ser exercidas “com caráter funcional, atendendo aos fins da empresa, às exigências da produção, sem prejuízo da preservação e melhora dos direitos dos trabalhadores” (Lei 20.744, art. 65). “Sempre se zelará pela satisfação das exigências da organização do trabalho na empresa e o respeito devido à dignidade do trabalhador e seus direitos patrimoniais, excluindo toda forma de abuso do direito” (Lei citada, art. 68).

Mas também, e esta é a proposta da ALAL, o empregador deverá dar participação ao trabalhador nas decisões que, de qualquer maneira, afetem o futuro da empresa. O respeito à dignidade do dependente, que amarra seu projeto de vida à sorte dela, assim o demanda.

Descartada, então, toda possibilidade de considerar o trabalhador como um simples fornecedor de serviços, ou uma peça a mais de uma engrenagem e, portanto facilmente substituível, o ordenamento jurídico deve lhe reconhecer determinados direitos vinculados a suas necessidades materiais e espirituais. O direito a ser informado e consultado sobre assuntos vinculados ao funcionamento e futuro da empresa, visto que tudo o referido a ela afeta seu projeto de vida. O direito a progredir e melhorar suas condições de trabalho, mediante a formação e capacitação profissional. O direito a uma efetiva proteção contra as contingências sociais que possam afetar sua renda econômica, mediante o estabelecimento de sistemas de Previdência Social geridos pelo Estado, já que a experiência das privatizações dos ´90 foi nefasta.

Nesse “Pacto Social” que permitiu sobreviver ao sistema capitalista, a proteção da vida e a saúde do trabalhador é central, já que estes são os únicos bens que ele possui e que lhe permitem ganhar seu sustento e o de sua família. Como diz acima, deve se descartar plenamente a gestão do sistema de prevenção e reparação dos riscos do trabalho por operadores privados que atuam com fins de lucro, sistema cujo fracasso ficou devidamente documentado em vários países da América Latina.

No entanto, nenhum destes direitos poderá ser baixado à realidade, se não se garantir aos trabalhadores a possibilidade de se organizar de forma livre e democrática, e de exercer plenamente o direito à negociação coletiva e, certamente, à greve. Infelizmente, a experiência na maioria de nossos países indica que todos estes direitos se declamam mas não se praticam, ou se exercem de forma limitada e com muitas dificuldades. Em alguns casos, o preço por tentar fazê-lo é a perda da liberdade e da vida. Colômbia é um caso paradigmático.

Uma Justiça do Trabalho especializada e com um procedimento que se apoie no princípio protetor, com juízes honestos, capazes e independentes, é chave para a efetividade plena dos direitos laborais. Os países que aderirem à Carta Sociolaboral Latinoamericana deverão se comprometer a criá-la, lá onde não exista, e a fazê-la funcionar conforme estes postulados.

Por último, a Carta deverá estabelecer com clareza o princípio de progressividade, que implicará o compromisso dos Estados, não só de não retroceder nem afetar o nível de tutela atingido pelos trabalhadores, mas também de adotar as medidas necessárias para conseguir progressivamente a efetividade dos direitos reconhecidos no Direito Internacional dos Direitos Humanos (Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC – art. 2.1), e na própria Carta Sociolaboral Latinoamericana.

Em definitiva, a ALAL põe a disposição do movimento operário e dos governos da região, o projeto de um sistema de relações laborais que tem como eixo a dignidade da pessoa que trabalha, rejeitando toda pretensão de considerá-lo como um fator de produção ou um objeto do mercado de trabalho. Todas as normas propostas reconhecem essa dignidade humana como centro sobre o qual giram todos os direitos laborais fundamentais.

Longe de ser uma utopia, a Carta Sociolaboral Latinoamericana é um projeto concreto, uma meta a atingir, que permitirá encaminhar condutas tendentes a conseguir que todos os trabalhadores e trabalhadoras latinoamericanos participem, de maneira justa, dos bens materiais e espirituais da civilização.

Assim, e somente assim, a América Latina deixará de ser a região mais desigual e mais injusta do planeta.

(*) Luis Enríque Ramírez (Argentina). Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas -AAL (1990-92, 2000-02 y 2006-08), Profesor de Postgrado en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales de Córdoba y Litoral y Católica de Córdoba. Asesor sindical. Conferencista y autor de libros y artículos sobre temas de Derecho del Trabajo. Director de la Revista LA CAUSA LABORAL, de la Asociación de Abogados Laboralistas.

                

             

 

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